Como si no hubiera pasado nada!!

DESALOJATOR
Por Eduardo Videla

Macri vetó la ley de reforma de la emergencia habitacional, que impedía los desalojos de “familias en situación de pobreza” de los edificios públicos. El gobierno porteño tiene un proyecto para vender los terrenos donde vive la mayoría de los amenazados.

Nota completa en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-118213-2009-01-14.html

Un veto que agrava la emergencia habitacional

La medida deja abierta la puerta para desalojar a las familias que ocupan viviendas en la traza de la ex AU 3, entre Belgrano y Villa Urquiza. El gobierno porteño tiene un plan para vender esas tierras para emprendimientos inmobiliarios.

“Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos”, dijo, en declaraciones radiales, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La frase –toda una definición en materia de política de vivienda del macrismo– acompañó el anuncio del veto a una ley aprobada días atrás por la Legislatura, que suspendía los desalojos en todos los edificios pertenecientes al Estado porteño ocupados por personas en situación de emergencia habitacional. Al firmar el veto, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, deja abierta la puerta para el desalojo de unas setecientas familias que ocupan la traza de la ex AU3, un conjunto de viviendas que fueron expropiadas para la construcción de una autopista que nunca se hizo y están ocupadas por familias desde hace más de veinte años. Sin embargo, en forma paralela, se conoció el fallo de una jueza porteña, Elena de Liberatori, quien ordenó la suspensión de los desalojos en toda la extensión de esa traza. Para catorce manzanas de ese tramo que van desde Villa Urquiza a Belgrano, el macrismo tiene prevista la venta de las tierras para la edificación de viviendas por parte de empresas constructoras e inmobiliarias.

“Hoy vetamos una ley que prohibía desalojar inmuebles que son propiedad del gobierno”, confirmó Rodríguez Larreta, en declaraciones a Radio Mitre. El presunto fallido daría cuenta de la confusión que existe en el Ejecutivo porteño, que asume como propio el patrimonio que es público. “Se evalúa caso por caso, no hay una solución única. Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos”, argumentó.

La Legislatura había aprobado el 4 de diciembre último la Ley 2973 por la cual se suspendían los desalojos de inmuebles propiedad del Estado porteño mientas rija la emergencia habitacional, que por otra ley (la 1408) fue fijada hasta octubre de 2010. La norma también obligaba al Poder Ejecutivo a presentar dentro de los 90 días, un plan para solucionar progresivamente el déficit habitacional y creaba una comisión de seguimiento integrada por legisladores, varias ONG y la Defensoría del Pueblo, para garantizar el cumplimiento de ese plan.

La ley había sido aprobada por todo el arco opositor: 29 votos, incluidos ex macristas, contra 26 del bloque del PRO, que se opuso en forma unánime. Ahora, la Legislatura podría insistir con un rechazo al veto, pero para eso haría falta una mayoría especial de dos tercios del cuerpo, 40 votos que la oposición no podrá reunir.

El Estado porteño tiene un número no determinado de inmuebles que no utiliza y que están intrusados, pero el verdadero centro de interés está en la traza de la ex AU3, la autopista que iba a unir Núñez con Pompeya pero que no llegó a ser. El intendente de la dictadura, Osvaldo Cacciatore, expropió las viviendas, que quedaron abandonadas y fueron ocupadas por personas en situación de emergencia habitacional (ver recuadro). Un sector de esas viviendas fue desalojado, las viviendas se demolieron y se construyó allí un parque lineal, desde avenida Congreso hasta la General Paz, junto a la Avenida Roberto Goyeneche. La mira se dirigió entonces al tramo desde Congreso hasta Avenida de los Incas, catorce manzanas ubicadas entre las calles Donado y Holmberg. Para ese tramo, en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, hay un proyecto de zonificación que permita construir allí viviendas de hasta cuatro pisos.

La ofensiva de los desalojos empezó en septiembre del año pasado. “El Ejecutivo dictó el decreto 1165 que establecía una serie de prestaciones en dinero, desde 6000 a 15.000 pesos, para las familias que abandonaran el lugar”, dijo a Página/12 la abogada Natalia Belmont, del grupo Enlace Cual Derecho, que asiste a las familias afectadas. “Desde entonces comenzaron las intimaciones a desalojos administrativos, es decir, no por la vía judicial”, agregó la abogada. Por esa razón, la organización presentó en diciembre un recurso de amparo en favor de las familias intimadas, al que la jueza Elena de Liberatori hizo lugar, ordenando la suspensión de los desalojos hasta que se den soluciones habitacionales para esas familias.

En forma paralela, la Legislatura aprobó la ley 2973. Y cuando ya era un secreto a voces que Macri vetaría esa norma, el diputado Facundo Di Filippo (Coalición Cívica) presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, presentó otro recurso, esta vez en favor de todos los vecinos que viven en la traza. El viernes último, en plena feria judicial, el pedido recibió el aval de la jueza Liberatori.

“Estamos ante la amenaza cierta a un derecho constitucional doblemente afectado por el gobierno de la ciudad –dijo la jueza, en su fallo–. Por un lado, porque no se han tomado recaudos acerca de dónde habrían de ser trasladadas las personas a desalojar, y sin contemplar qué sucede con los niños. Por el otro, tampoco le es respetado a esas personas su derecho a vivir al menos donde están, en la situación de precariedad absoluta en la que se hallan.”

Hace una semana, más de 30 organizaciones sociales le pidieron a Macri que no vetase la ley. La nota que firmaron el CELS, la APDH, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras, le reprocharon además su política en materia habitacional, en especial el proyecto de ley que le quita competencias que tenía el Instituto de Vivienda de la ciudad para otorgárselas a la Corporación Buenos Aires Sur (a la que se encomienda la urbanización de las villas del sur de la ciudad) y la creación de una Unidad de Intervención Social para atender problemas de infraestructura.